Limeño, abogado, historiador, comunicador, Doctor en Derecho y ex Magistrado de la Fiscalía Superior, Titular y Fiscal Adjunto Supremo Provisional, docente universitario, Pedro Angulo Arana es, actualmente, el Decano del bicentenario Colegio de Abogados de Lima.
Ha publicado diversos libros referidos al nuevo proceso penal, como El Ministerio Público, orígenes, principios, misiones, funciones y facultades, (2000); El principio de oportunidad en el Perú, (2005); entre otros y más de una veintena de artículos de investigación jurídica, publicados en las más prestigiosas revistas especializadas, además de dictar innumerables conferencias en foros académicos del Perú y del extranjero.
Hace unas semanas fue designado integrante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que preside la abogada Julia Príncipe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haciendo hincapié que es un cargo ad honorem.
En medio de su recargada agenda, nos concede esta entrevista en su despacho institucional de la emblemática casona de estilo inglés en Miraflores.
- El tema de la administración de justicia es motivo de gran preocupación ciudadana y el descontento es notorio. ¿Cuál es el balance del Colegio de Abogados de Lima sobre esta situación?
Sí, efectivamente, en relación a la administración de justicia que involucra no solo el accionar del Poder Judicial, sino de otras instituciones como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Policía de Investigación y el Instituto Nacional Penitenciario, ciertamente se padecen distintos niveles de problemas que involucran presupuesto, capacitación, problemas normativos y cómo no, la pre existencia de algunos niveles de una preocupante corrupción.
Lo cierto es, que tanto las promesas presidenciales como el requerimiento de facultades legislativas en ámbitos que tienen que ver con el problema analizado, motiva y genera esperanzas de que se llevarán a cabo acciones concretas y que se combatirán estos males. Ello mismo debe ser una decisión estratégica ya que no se trata de hacer cambios en todas las instituciones y normas a la vez, sino de atacar de modo planificado el problema.
- ¿Qué cambios fundamentales propone para mejorar el sistema de administración de justicia?
- En principio, que los nombramientos por parte del CNM de jueces y fiscales se realice estrictamente conforme a parámetros objetivos; esto es perfiles adecuados, teniendo en cuenta sobre todo la ética y el buen criterio. Que la policía que realice investigaciones sea debidamente capacitada y se desenvuelva con independencia; así como que se le ofrezcan estímulos por rendimiento, que se promocione y utilice en gran forma los modelos alternativos de resolución de conflictos, de modo que los procesos civiles, penales, administrativos, sean disminuidos para que la carga del poder judicial sea manejable; que el Estado no apele indebidamente en los casos que manejan los procuradores y especialmente los de la Oficina de Normalización de Previsional.
- Hay fallos de Juzgados y Cortes, incluyendo Salas de la Suprema, que dejan un sinsabor en la población, y generan rechazo, pues la percepción es de impunidad en casos como la trata de personas o el feminicidio. ¿Cómo transformar esta situación? ¿Qué hacer?
- Se deben realizar eventos de capacitación sobre estos temas a nivel nacional, así como discutir adecuadamente tales pronunciamientos en los Colegios de Abogados e instituciones académicas, de modo que se evalúe, juzgue y difundan las conclusiones que destaquen la importancia o señalen la inoperancia y lo indebido de esas resoluciones.
- La reciente designación de la doctora Julia Príncipe como Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un reconocimiento a su capacidad profesional, ¿y acaso en cierta medida también sería un desagravio?
- Así es, por un lado es un reconocimiento a una trayectoria profesional, limpia y valiente que fue afectada cuando se la destituyó de un modo arbitrario y sin mayor fundamento, dando a entender que su actuación debía de ser progobiernista y olvidando la función para la cual fue nombrada. Hoy, se advierte por la manera en que fue recibida en Palacio de Gobierno por el mismo Presidente de la República y por los aplausos recibidos por parte de los Ministros de Estado en claro desagravio y, además el estado meramente puede contar con una profesional de elevada valía.
- El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura anunció un proyecto según el cual la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) debe pasar a depender del mencionado organismo. ¿Está usted de acuerdo?
- Primero, quisiera subrayar que creo en la buena intención e iniciativa del Presidente del CNM, sobre todo, cuando se sabe que existe cierto espíritu de cuerpo entre algunos de los jueces que atienden la función de Control; pero, a su vez, somos conscientes que todas las instituciones públicas poseen un control interno que existe bajo el principio de jerarquía y por la necesidad interna de prevenir las irregularidades de conducta y en el caso de producirse, sancionarlas. Dicho esto, consideramos que eliminar el control interno en el Poder Judicial y en el mismo Ministerio Público, constituiría un experimento que aparentemente en otros lugares del mundo no se ha hecho. El CNM posee un control sobre los jueces de las más altas jerarquías como de los fiscales del mismo rango, lo que supone un control externo y se justifica por tratarse de que son los más altos representantes institucionales y que entre ellos imaginar un control es más difícil, tal como se ha visto que cuando el CNM delega la efectivización o cumplimiento de alguna sanción menor en contra de algunos de los integrantes de ambas instituciones, al parecer nunca se ha cumplido. Otro obstáculo para un debido control del CNM sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público sería el hecho de que quienes conocen mejor las actuaciones de jueces y fiscales y sus posibles errores tanto como negligencias o graves inconductas son también otros jueces y fiscales por la misma labor funcional que realizan. Todo lo dicho hace pensar que establecer un control por parte del CNM sobre las dos instituciones, sería algo sumamente difícil y complicado.
- ¿Cree usted que el CNM es el organismo idóneo para nombrar a los Procuradores? ¿Considera usted que cuentan con las cualidades y capacidades para llevarlo a cabo?
A nuestro entender es evidente que la elección por parte del CNM de los procuradores públicos requeriría el cumplimiento de varios objetivos previos, en principio que se modifique la Constitución para generar la facultad en el CNM. Segundo, que los procuradores posean una estructura diferente a la actual, de modo que su nombramiento se realice de modo independiente y autónomo; por último, que se genere un reglamento y los perfiles adecuados para el nombramiento de tales autoridades, lo mismo que sería una novedad para los integrantes del CNM.
En todo caso la composición diversa del CNM, en referencia al origen de cada uno de los integrantes, sí motivaría a generar confianza de que los nombramientos estarían despolitizados y podrían obedecer a los méritos de los elegidos.
- Y sobre el sistema de elección de los representantes de los Colegios Profesionales ante el CNM, ¿debe quedar igual o modificarse?
- A nuestro parecer la elección de los representantes de los Colegios Profesionales No Abogados se debe modificar, puesto que ahora se eligen delegados en un número de ocho a doce y son ellos los que eligen a dos, que vienen a ser finalmente los componentes del CNM. Esta forma de elección ha motivado que suele ser el dinero el que lleva a renunciar a unos en favor de otros de los representantes por lo que deslegitima y se impide que los mejores perfiles sean los que lleguen a la condición de Consejeros, ya que todo se define en términos económicos o de componenda con intervención de terceros, ajenos al tema. En tal sentido, nuestra propuesta sería que los elegidos puedan serlo entre quienes sean o hayan sido decanos de los colegios profesionales no abogados dado que cuando se los elige tienen un perfil adecuado por lo que se considera como perfil de un decano y que todos los profesionales parecen tenerlo muy claro.
- ¿Qué rol le asigna al Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú en cuanto a la formulación y seguimiento de las políticas públicas?
- Creo que le corresponde fortalecer a los gremios y, por lo tanto, propender a que el Estado en todos sus organismos solo reciba y contrate a profesionales debidamente colegiados y activos en sus gremios, que es también la forma de resguardar sus buenos desempeños y, en el caso que no sean tales, poder procesarlos y/o sancionarlos. Así mismo, en cada una de las distintas especialidades son los decanos nacionales los que están en condiciones de proponer políticas públicas que tomen en cuenta los temas diversos que ellos conocen y dentro de los cuales bien podrán distinguir aquellos que son urgentes tanto en el corto y mediano plazo. Ello atañe a temas sumamente delicados como educación, salud, agua, bienestar social, seguridad ciudadana, entre otros; con la ventaja que se podrán ofrecer puntos de vista multidisciplinarios.
- En el marco del Acuerdo Nacional, ¿acaso no debería plantearse un gran Acuerdo por la Justicia?
Sin duda, además, por propia iniciativa de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, en la sesión 115 del Acuerdo Nacional, ha propuesto que el sistema de justicia sea abordado a partir de cinco compromisos interinstitucionales de los organismos públicos que tienen que ver directamente con ello. Esto quiere decir que, por un lado, el Poder Ejecutivo le concede importancia y está dispuesto a relanzar el Acuerdo Nacional, lo cual es positivo, puesto que no solamente se encuentran allí los partidos políticos representativos (con representación congresal), sino también los organismos vivos de la sociedad civil que bien pueden apuntalar con su experiencia, conocimiento y consensos a aquellas políticas públicas en materia de justicia que podrían servir para dar un cambio sustancial al sistema actualmente existente.
VICE DECANO CAL DR. JORGE GONZÁLES LOLI; DRA. MARISOL PÉREZ TELLO, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y EL DECANO CAL, DOCTOR PEDRO ANGULO ARANA. / Foto: institucional colegio de abogados de lima
- En lo fundamental, ¿cuál debería ser el rol de los profesionales, y especialmente de los abogados, en el actual periodo?
Los abogados deben manifestar con sinceridad cuál es la situación del sistema de justicia partiendo de reconocer que su actividad requiere mejorarse con capacitación adecuada y un desempeño que elimine cualquier actuación maliciosa irregular y, de otro lado, expresar a partir de la experiencia diaria, cuáles serían las cosas que se deben corregir a nivel policial, fiscal, jurisdiccional y también en instituciones tales como el CNM y el mismo Tribunal Constitucional de ser el caso.
Es importante señalar, que nos ha tocado manifestar que los Colegios de Abogados están dispuestos a asumir los compromisos que se les indique para la mejora del sistema de justicia, sin descartar que se puedan presentar proyectos de ley que modifiquen para bien algunas figuras jurídicas, tanto como normas que actualmente son deficitarias o equivocadas.
- Después de muchos años se eligió al nuevo Defensor del Pueblo y a los pocos días, por no decir horas, fue publicada una denuncia sobre el proceder del abogado Walter Gutiérrez. ¿Considera que esto está empañando en alguna medida su elección, más allá de haber obtenido la mayoría calificada de votos en el Congreso de la República?
- Efectivamente, al parecer la elección del doctor Walter Gutiérrez no ha gustado a algunas personas, lo que ha motivado a que se haga público un caso en el que él ha intervenido como ciudadano y que está en discusión en un proceso civil ante el Poder Judicial. Sobre este tema, él mismo ha prestado declaraciones y no pareciera ser que va para más. Resulta lamentable que sin preguntarle a él se difundan hechos con el evidente propósito de desprestigiar su nombramiento y a quienes lo nombraron, y de paso, a la institución que él ahora encabeza.
- ¿Usted, cree que temas como la Unión Civil y la distribución de la píldora del día siguiente se debe someter a referéndum?
- Pienso que estos temas son parte de las políticas públicas que debe desarrollar el gobierno actualmente en gestión [elegido por la mayoría de los peruanos], habiendo merecido varios pronunciamientos de las entidades estatales responsables, además de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha sabido distinguir entre los asuntos que estaban en discusión fundamentándose en conocimientos existentes que han llegado a la conclusión que la píldora no es abortiva y, por tanto, para generar igualdad con quienes tienen poder adquisitivo que la pueden comprar y quienes no, ha expresado que el estado peruano puede distribuirla gratuitamente. A nuestro entender los temas han quedado zanjados, y de ser el caso, corresponderá a la representación nacional, esto es al Congreso, alguna variación conforme a las circunstancias de la actualidad.
