- Gisela, ¿qué sentimiento te produce lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa en una clara evidencia que se sigue cometiendo crímenes como expresión de terrorismo de estado?
Me parece increíble cómo en pleno siglo XXI, con todo el nivel de desarrollo de las comunicaciones que llegan casi a todos los rincones, sigamos teniendo prácticas tan insanas, tan retrógradas, no sólo de violar los derechos humanos sino incluso desapareciendo personas.
De manera permanente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha venido denunciando la gravedad de este tipo de delitos, no solamente por el daño que causa en las familias sino por el efecto que causa en la sociedad. La desaparición forzada tiene un mensaje político claro que tiene que ver con sembrar el miedo, va dando lecciones para que la gente no reaccione y, por eso es que me asusta que haya estados que piensen que una solución política a cualquiera de sus problemas sea la desaparición forzada de personas. El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos.
- Aunque el gobierno quiera evitar responsabilidades al decir que lo que sucedió en el estado de Guerrero no es expresión de los demás estados de México.
En el caso de México está claramente establecida la responsabilidad del Estado por este crimen, más allá de lo que diga el Procurador General de la República que “no es el Estado de México sino Guerrero, porque funciona de manera distinta al Estado” ¡pero sí fue por orden del alcalde de Guerrero, quien envió a la guardia municipal a detener a los jóvenes para que ellos a su vez, los entreguen a un grupo del cartel de narcotraficantes Guerreros Unidos!
Este nivel de convivencia entre el Estado, que está siendo cómplice, realmente es para asustarnos. Yo me imagino que, como ciudadano mexicano, ya no solamente te tienes que cuidar de los grupos de los narcos sino también del propio Estado que te puede detener y luego te va entregar a los cárteles como si no importaras; entiendo también que ese nivel tiene que ver con años de corrupción y de complicidad.
De México conocemos lo que sucedió con las mujeres de Juárez que empezaron a desparecer y cientos de ellas aparecieron muertas, pero no conozco a ningún responsable que esté en la cárcel por ese crimen. Hemos venido conociendo de otros crímenes productos de narcotráfico, de personas que aparecen colgadas en puentes, asesinados como si nada; y tampoco hay responsables que hayan sido detenidos. Hay una evidente complicidad del estado y si no hay responsables durante tantos años de violencia, algo raro está pasando ahí.
- ¿Se puede invisibilizar tan notorios casos de violación de derechos humanos?
Quienes son el objetivo de crímenes y la desaparición forzada son los invisibles de siempre; hablamos de gente muy pobre, campesinos, estudiantes provenientes de universidades nacionales, gente de nivel socioeconómico muy bajo, que quizá no tiene acceso para llegar a instancias de poder del Estado para denunciar estos crímenes. Así piensan los criminales. Creen que nadie va protestar. Si la familia va por ahí a poner la denuncia la amenazan o detienen y nada va a pasar, pues no van salir en los medios de comunicación. Eso es lo que piensan quienes operan estos tipos de crímenes. Lo que ellos no esperan es el nivel de reacción, como pasó en La Cantuta; los familiares nos organizamos, fuimos permanentemente a los medios de comunicación aunque no sacaran nada, buscamos otros poderes del Estado. En 1992 no había Congreso de la República, sino hasta el año 93 que empezó a funcionar el Congreso Constituyente Democrático (CCD). De alguna de manera vas capacitándote, formándote en lo que son tus derechos, vas buscando aliados.
Y ha ocurrido ahora en Ayotzinapa. Los padres de estos chicos son todos campesinos que, tal vez, no tengan educación primaria ni secundaria pero han sabido fortalecerse y hablan en los medios de comunicación, lideran las marchas de solidaridad y de denuncia y han salido casi a enfrentarse al estado mexicano al decir “Nosotros no reconocemos la información que ustedes están brindando, queremos confiar en gentes que hemos elegidos como nuestros peritos (argentinos) para que nos den la identificación de nuestros familiares”. Creo que este afán del estado de tapar los crímenes revela que se sienten poderosos y los demás no cuentan.
A mí me da mucho gusto cuando veo que la gente se empodera y es capaz de salir en circunstancias adversas; levantarse todos los días pensando que tienes un familiar desaparecido es difícil, no solo porque tienes sentimientos de angustia o de rabia sino porque no encuentras repuestas. Son procesos sicológicos, pese a ese sufrimiento, al ir adelante y tomar acciones en México, lo que sucede tiene que ver con la fuerza misma de salir a denunciar.
- La similitud de los asesinatos en México con las víctimas de La Cantuta, ¿acaso no constituye un hecho estremecedor?
En el caso La Cantuta hubo diez víctimas, un profesor y nueve estudiantes, que en un primer momento fueron sacados por la noche de la universidad y fueron llevados a la zona de Huachipa, donde fueron asesinados y luego enterrados el 18 de julio. Al siguiente día, fueron re-enterrados de una manera mucho más “cuidadosa”: fueron rociados con cal para ayudar a la desaparición rápida de los cuerpos. De ese lugar fueron desenterrados en abril del año 93, cuando la investigaciones del CCD apuntaban hacia a los militares y había mucha presión. Recordemos que el general Hermosa Ríos sacó los taques a las calles de Lima tras declarar que el Congreso está tratando de mancillar el honor de los militares acusándolos de crímenes. En ese momento Hermosa Ríos le ordena a Martin Rivas desaparecer cualquier evidencia del crimen de La Cantuta; el grupo Colina va a Huachipa, saca los cuerpos y los lleva a quemarlos a Cieneguilla. Por eso en Huachipa sólo se halla la mitad de un cuerpo de mujer, de la cintura para abajo, y el cadáver de mi hermano, que fue el único cuerpo que dejaron en Huachipa. El gobierno de Fujimori mandó a hacer los exámenes de ADN en Inglaterra pero hasta hoy no hemos sabido los resultados. Nunca nos informaron si se identificó a alguien porque en ese momento habían disputas de competencia de fueros, militar y común. Se presume que se perdió o alguien lo perdió a propósito, no sabemos qué fue, que pasó. Nunca nos comunicaron nada.
Cuando obtuvimos la sentencia de la Corte Interamericana en la que ordena la identificación de las víctimas, hubo una exhumación de los cuerpos que estaban en el cementerio El Ángel. Fue el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la institución encargada de hacer la investigación de los cuerpos por ADN. En realidad, por la calidad misma de los restos no se pudo obtener un ADN positivo para las víctimas. Solo arrojó el número máximo de víctimas: eran cinco; el resto está en calidad de desparecidos y faltan cuerpos. Por eso entiendo el drama de los familiares de Ayotzinapa. Sé que se han encontrado ocho bolsas con cuerpos calcinados y espero que en algún momento se pueda identificar a alguno de ellos, lo que es bien difícil, y el dolor de la familia se va prolongando porque no se sabe qué va a pasar. Si no hay resultados la angustia puede tornarse en un estado de rabia.
- Sabemos de la presencia de los cárteles del narcotráfico que controla diversas áreas del estado mexicano, en el Perú acaso no deberíamos estar alertas ante reiteradas denuncias sobre candidatos y hoy alcaldes o presidentes regionales electos con claros vínculos con las mafias del narcotráfico?
En estas últimas elecciones ha habido serias denuncias respecto a lo que ya viene ocurriendo en nuestro país con un narcotráfico cada vez más poderoso que va copando espacios políticos, frente a lo cual no estamos reaccionando todavía. En regiones como Ayacucho, Huánuco o Amazonas, con candidatos regionales o municipales acusados por narcotráfico, el Estado no está reaccionando. Miremos al VRAEM, donde un grupo de narcosenderistas comete crímenes atroces contra miembros del ejército y la policía, están plenamente identificados pero el Estado se muestra incapaz para capturarlos. ¿A quién le conviene ese foco de senderistas? ¿Hasta dónde llegan estas redes del narcotráfico que hace imposible su captura?
No estamos muy lejos de vivir lo que está viviendo México, hay que ponerle un alto a ese nivel de crimen organizado. Tienen poder económico y militar porque cuentan con armas y además tienen poder político; el crimen organizado facilita el proceso deshumanización y esto es lo que en el Perú deberíamos evitar.
- ¿Se llega a procesar el dolor por un familiar asesinado o desparecido en manos del Estado?
- Yo creo que uno nunca termina de procesar, cada vez que me acuerdo de mi hermano o hablamos de él en casa, siempre son memorias frescas a pesar que ya son 22 años de lo sucedido, es una memoria que me acompaña de manera permanente siempre estoy en esa contradicción de recordarlo a él como era, joven, juguetón, fastidioso con lo que luego encontré, para mí eso siempre es lo más doloroso porque tiene que ver con el nivel de complejidad de la vida por los recuerdos bonitos que yo tengo de él frente a los recuerdos dolorosos de la manera como murió, es un dolor que no se termina de procesar, por eso es mucho más difícil cuando se trata de desapariciones forzadas pues, no hay manera como confrontarlo con la muerte misma, porque uno no ha visto el cadáver. Cuando estás siendo racional y dices: ya pasaron 20 o 30 años, lo lógico es que esté muerto, pero la racionalidad no se sobrepone al sentimiento. Lo que si yo he hecho así como mucho familiares de la Cantuta es transformar ese dolor en fuerzas, eso nos ha permitido seguir en esta lucha larguísima, porque es una lucha desgastante; cuando pienso en los familiares de Ayotzinapa, la solidaridad es un valor fundamental que fortalece su lucha, una palabra de aliento o los que se suman a las marchas compartiendo ese dolor como si fuera suyos, tiene una fuerza que ayuda a sostener la lucha de los familiares y creo que lo están viviendo los familiares de los 43 jóvenes desparecidos. Y veo una solidaridad internacional muy fuerte y muy activa que realmente a mi me complace porque va a impedir que esto sea un crimen más y haga reaccionar al estado, como obligó al Procurador de la República a salir y dar explicaciones, reconociendo una responsabilidad que ellos tienen, no serán suficientes pero algo ha dicho, igual debe haber una respuesta desde el Estado y en este afán de buscar a los estudiantes se han encontrado con otras fosas con otros cuerpos asesinados, se hablan de cifras de 25 mil desaparecidos, otros hablan de cifras mayores, por eso los familiares de las víctimas de estas masacres tiene el derecho a denunciar, tiene derecho a saber, que fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, el derecho a que les devuelvan el cuerpo para enterrarlo dignamente y cerrar un ciclo de dolor que no permite muchas veces continuar con el día a día, de allí la importancia de saber dónde se ha enterrado al familiar para continuar con la vida misma.
- Es cierto que la solidaridad internacional esta vez se ha sentido con fuerza ¿crees que es un deber vigilar desde estos escenarios?
- De hecho hay una obligación internacional de juzgar y procesar a quienes son responsables de estos crímenes que el estado mexicano no lo hace, puesto que México es un país suscrito al Pacto de San José, con competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana quienes han llamado la atención en la última sesión de hace dos semanas a México por estos crímenes, y también por el caso de la Mujeres desaparecidas de Juárez como crímenes de lesa humanidad puesto que afecta la esencia misma de cada uno como ser humano, como persona, es decir me agrava en mi condición de ser humano. Por eso, es un hecho frente al cual no podemos ser indiferentes, quienes pensamos que no nos afecta estamos siendo cómplices, como comunidad internacional estamos obligados a denunciar y sancionar expresándolo a través de la acción pública con frases que expresen solidaridad aunado a puntos de vista jurídicos.
- ¿Qué opinas del último pedido de Fujimori de pasar sus “últimos días en prisión domiciliaria”?
Cuando estamos hablamos de impunidad estamos hablamos en sus diferentes formas, una manera de impunidad es de un estado que no quiere hacer nada, que oculta sus crímenes, que estigmatiza a sus víctimas como culpables de algo para pasar por alto los crímenes que comete.
En el caso de Fujimori es un tipo de impunidad que se perpetúa, que se prolonga porque aquí nuestro poder judicial que cuyas instancias son las fiscalía, los juzgados, la corte superior y suprema, a veces socava lo bien hecho, recibiendo peticiones fuera del marco de la ley. La Corte Suprema ratificó la condena de Fujimori a 25 años de cárcel por homicidio calificado con agravantes de crímenes de lesa humanidad, esta es la última instancia que todos los peruanos tenemos para cerrar un caso judicial; sin embargo, en el caso Fujimori se le saca la vuelta cada vez que se puede a todo este proceso, estamos nuevamente poniendo denuncias ante el Tribunal Constitucional, las dos o tres que puso su anterior abogado Nakasaki las perdió, pero estamos viendo nuevamente como ante el poder judicial algunos magistrados que son amigos del fujimorismo están tratando de beneficiar al condenado Fujimori de estos crímenes. En principio, la legislación no permite una revisión de la condena salvo que haya pruebas nuevas y no las hay, tampoco existe la figura jurídica de cumplir condena con el arresto domiciliario porque es para personas que están en proceso y no es el caso Fujimori. En el caso Cantuta tenemos una mala experiencia con la agente Haydee Terrazas del grupo Colina que estaba cumpliendo arresto domiciliario y se escapó, hasta hoy día nadie nos responde por esta persona que nunca fue recapturada y tampoco sentenciada, entonces, ¿quiénes son los responsables de haberla dejado salir de su casa y está como “no habida”?
Creo que la gravedad del hecho es, ¿cuál es el mensaje que se deja al ciudadano? no importa que robe, no importa que mate, al final aquí no pasa nada y eso es lo peligroso, más allá que se vulnere mi derecho y el derecho de mi familia, la justicia como tal, está dando un mensaje que a quienes cometen crímenes no solamente quien comete delitos por violación de derechos humanos sino también por corrupción y Fujimori también tiene sentencias por estos delitos y de decirle que puede ir a su casa pasar ahí sus días tranquilos sin que la justicia realmente se cumpla.
Este pedido de Fujimori con solemnidad y de pena que ha dado desde el momento en que él fue extraditado, porque por él no hubiera pasado ni un día en la cárcel, hoy, él debe cumplir su condena, tiene que aprender a ser responsable por sus actos, todos debemos saber respetar la justicia nos puede gustar o no, pero son las instancias del propio estado quienes han dado su veredicto, no lo hemos dado nosotros como familiares, lo ha dado una tribunal imparcial, ratificado por la Corte Suprema. Pero cada vez que se tocan estos tipos de solicitudes debemos estar atentos porque a veces nuestra legislación sigue funcionando a favor del reo o a los culpables de estos crímenes, nos exponen emocionalmente otra vez volver a pensar que puede haber impunidad, volver a tomar acciones legales, es como una historia sin fin, que no se acaba nunca y la verdad es que yo pensaba que se acababa con la sentencia, los familiares en estos cuatro años no tenemos un momento de tranquilidad porque sino nos damos cuenta ya puede estar libre por un indulto, además hemos visto en la última campaña presidencial a un Fujimori muy activo, muy metido en la campaña política de su hija sosteniendo reuniones con sus partidarios, distribuyendo material de propaganda. Debemos preguntarnos por el derecho que tenemos las victimas y cuál es el mensaje que se quiere dar a la sociedad y después nos quejamos por qué elegimos delincuentes, claro si todo este sistema está para beneficiar a estos delincuentes... ¿qué más podemos esperar?
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Publicado: 2014-11-13
La desaparición y asesinato de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por orden del alcalde de Iguala, ha despertado la indignación mundial, hoy por hoy, se habla de casi 30 mil desaparecidos en el estado mexicano producto de la violencia de los cárteles del narcotráfico que han sembrado el terror y remecido las estructuras de poder en el estado mexicano. La similitud del tratamiento criminal que se ha dado a los normalistas nos toca profundamente en el sistema nervioso como sociedad, fuimos testigos de cómo se trató de relativizar estos asesinatos de lesa humanidad desde el Estado y, cómo el accionar de la justicia peruana específicamente en el caso emblemático de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, sancionó a los responsables entre ellos al expresidente Alberto Fujimori. Aquí una entrevista con Gisela Ortíz, familiar de La Cantuta quien nos relata el arduo proceso de acompañamiento y dolor que significa aún velar porque se cumpla la condena a los culpables.
Escrito por
Tania Temoche
Periodista. Egresada de la Maestría Escritura Creativa. Ha publicado poesía, artículos y entrevistas literarias.
