El asesinato de los cuatro dirigentes asháninkas, entre ellos el líder de la comunidad de Saweto del Ucayali, Edwin Chota, ha despertado la indignación de la prensa mundial, más no así de los medios de información local; la noticia tratada se alojó por el lado criminal, que no está mal, pero hubiera ayudado más a entenderse si se tocaba el tema de fondo. En esta entrevista el lector y/o lectora encontrará las respuestas a partir del análisis del investigador y escritor amazónico, Roger Rumrrill, quien alerta acerca del peligro que representa la exclusión histórica de las comunidades nativas de la selva peruana, a los que el estado centralista estaría empujando a una rebelión de mayor envergadura que la del Baguazo.
- ¿Por qué cree que la noticia de la muerte de los cuatro líderes asháninkas no ha tenido la repercusión nacional tanto en lo político como en lo social?
- Porque a mi parecer persiste un imaginario sobre el mundo amazónico, una concepción colonial que alimenta el Estado hipercentralista, que es el Perú, y Lima sigue siendo el otro mundo para la mayoría de los peruanos. José Carlos Mariátegui decía en 1926 que el espacio de la montaña es un espacio colonial del estado peruano y, hoy en día, para muchos se mantiene esa idea. Cuando se viaja hacia las regiones del amazonas y se conversa con las clases dominantes, por citar un caso, el de Chachapoyas, y preguntas por las comunidades de los awajun y wampis, te responden “esos indios viven al interior”, como si ellos fueran de otro país, en una clara posición racista, excluyente, colonial sobre los indígenas amazónicos.
- ¿Cuánto ha golpeado a las comunidades nativas el asesinato de estos cuatro dirigentes asháninkas?
- Los ha golpeado mucho, ellos estaban gestionando hace diez años la titulación de sus tierras y territorios. Edwin Chota, líder de la comunidad de Saweto del Ucayali, había venido muchas veces a Lima, y también viajado al exterior para exponer y denunciar los atropellos del que venían siendo víctimas, por eso la noticia de su muerte ha tenido repercusión mundial. Él estaba planteando estas reclamaciones justas por años, para sus comunidades y han tenido que morir los cuatro para que recién el Jefe de Estado con visión militar diga: “vamos a perseguir a los criminales”
- El gobierno debió ser más claro
- Lo que he leído en la prensa por estos días es que el presidente de la nación, la primera ministra, la ministra de cultura, la viceministra de interculturalidad se han llenado la boca de adjetivos de solidaridad, de dolor, han vertido lágrimas de cocodrilo por esas muertes, pero ninguno ha dicho cuál es el fondo del problema; tampoco fue tocado por los medios de comunicación, lo han tratado por el ángulo de los crímenes, de la injustica, de la acción de los narcomadereros, cosa que es cierto, pero detrás de eso hay un mar de fondo, por eso insisto el presidente de la república debió decir: “Vamos a derogar la Ley 30230” o “Vamos a titular sus tierras para evitar estos riesgos”, nunca lo ha dicho.
- Seguimos siendo un país fracturado incapaz de entender los conceptos de las comunidades nativas
- Efectivamente estamos en un país fracturado, porque el Perú como nación es una nación multilingüe, multicultural y multiétnica; donde solamente en la amazonia hay trece familias etnolingüísticas, se habla 63 lenguas; sin embargo, el Estado que tenemos es monocultural, neocolonial y criollo que se maneja a partir de conceptos y visiones neo coloniales. Por ejemplo, el Derecho Positivo que es el que juzga y hace justicia y el que alimenta las decisiones del Poder Judicial es un derecho de eje romano que no se entiende, que es antimónico, absolutamente diferente al derecho consuetudinario de los indígenas, por eso, un juez no entiende el mundo indígena porque está trabajando con conceptos y visiones con racionalidades neocoloniales, de derecho romano. Al igual, la educación escolar, conversaba hace poco con la dirigente indígena internacional Gabriela Rivera, de origen quechua, ella me decía que la educación tal como está en el Perú, es el instrumento o el factor más negativo para las identidades de los pueblos andinos y amazónicos.
- Por eso la frialdad en las grandes ciudades ante un hecho tan injustificado como el de estos asesinatos
- Por esa falta de identidad que persiste en la mente de la gente y de los políticos con lo que acaba de ocurrir sobre la muerte de los cuatro dirigentes indígenas asháninkas en el Ucayali. La noticia es tratada primero como sangrienta, luego como un crimen y después se va apagando y pasa a ser absolutamente secundario para luego desaparecer por otra noticia, como el nombramiento del nuevo ministro de economía. Por otro lado, debido a estas mismas concepciones de fractura entre esta nación multilingüe, los indígenas siguen siendo marginados, excluidos y frecuentemente la prensa en general, no es el caso de La Mula, tiene una visión exotista, tremendista, furiosa del mundo indígena y esta visión convierte en victimarios a la víctimas. Un ejemplo, hace unos 20 o 30 años cuando la Schell estaba haciendo exploraciones en la selva, sus trabajadores entraron a la zona de territorio indígena, posiblemente de “no contactados”, y algunos de ellos fueron muertos a flechazos, porque para los nativos estaban entrando a su casa, pero los trabajadores de la Schell ¡no reconocieron que entraban a una casa ajena!, para ellos eso era un espacio del estado peruano o peor, era el terreno de la empresa; al día subsiguiente, la prensa acusó a esos indios de “criminales y miserables”, casi la mismas expresiones que ha utilizado el ex presidente Alan García con relación los indígenas amazónicos, “ciudadanos de tercer orden”, “enemigos de la modernidad”, entonces habitualmente la prensa y la opinión pública convierte en victimarios a las víctimas, en este caso los indígenas.
- ¿Aun cree que existe una visión romántica sobre los indígenas de nuestra amazonia?
- Se refleja la visión romántica del bon savagge, es decir los indios idílicos son buenos mientras estén lejanos, estén remotos, mientras no lo veas, mientras no te reclamen y no te exijan justicia son buenos indios, pero cuando esos indios agobiados por la injusticia se rebelan, ya no son buenos indios; y la otra visión es la del ambientalismo light, todos han dicho que estos indígenas son cuidadores del bosque pero no han dicho que este bosque está siendo destruido no solamente por los depredadores, madereros, sino también por el Estado. La causa fundamental del peligro de la vida de los indígenas, de la amenaza que se cierne sobre sus tierras y territorios y su propia existencia, lo tiene el Estado y el propio gobierno de Humala, pero en los análisis no aparecen esos problemas.
- Y esa tragedia de las comunidades nativas pasa porque no se ha logrado la titulación de sus tierras y territorios que por derecho les corresponden
Podemos anotar tres causas : en primer lugar, el gobierno ha congelado la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas promulgada por Humala el 05 de setiembre de 2011, inicialmente la promulgación de esta norma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República; una norma basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que reconoce los derechos los pueblos indígenas; pues bien, esta norma ha sido congelada por Humala.
Segundo; el gobierno ha promulgado la Ley 30230, asociada al “paquetazo” del exMinistro Castilla. Los indígenas, a través del Pacto de Unidad, que es un colectivo que agrupa a los pueblos indígenas más importante de la amazonia y AIDESEP, han manifestado que esta es una ley que rompe todos los candados de seguridad jurídica de las tierras y territorios indígenas, porque crea una serie de “mecanismos especiales” para facilitar el ingreso de las empresas privadas, de las multinacionales a los territorios y tierras de los indígenas atropellando todas las normas jurídicas del derecho internacional y nacional; esta ley crea el COFOPRI, un organismo que es una especie de Frankestein burocrático que ha estado en contra de las titulaciones asociativas y comunales, y ahora que está coludido con los gobiernos regionales, que tienen la competencia de titular las tierras y territorios indígenas, va a agravar la situación.
En tercer lugar, el tema de la madera. Cuando agonizaba el gobierno de Fujimori se promulgó la Ley 27308, norma trabajada por Marc Doujeanni y Jorge Malleux, por los mejores especialistas, en base a la cual el 2002 empezaron hacerse concesiones para ordenar el sistema forestal caótico de esa época y en aplicación y bajo el amparo de esta norma, hasta el 2007 se han otorgado 650 concesiones forestales a lo largo y ancho de la amazonía, con superficies que van desde los 5, 10 mil hasta 40 o 50 mil hectáreas y que en total llegan a casi 8 millones hectáreas; el Estado tenía la obligación perentoria de apoyar el desarrollo de estas concesiones porque muchas fueron dadas a pequeños propietarios campesinos con la idea de que las concesiones no deben darse a las grandes empresas solamente. Era un poco la Ley 21147 de Velasco, una ley que implicaba incluir a los pequeños, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no?, porque esos pequeños concesionarios no tenían recursos pero había la intención del Estado de crear un organismo con créditos, con apoyo técnico y planes de investigación. Pero, el Estado estuvo ausente y estos concesionarios cayeron en las garras de los grandes empresarios porque no tenían recursos, encargaron a los testaferros (que fueron los extractores) la formulación de sus planes de manejo; o sea, entregaron sus bosques a cambio de una suma determinada de dinero. Últimamente el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR, revisó esas concesiones y descubrió que en la mayor parte se inventaron cifras, se sembró coca, y en cada concesión hay una serie de errores donde el Estado ha tenido una parte de responsabilidad directa. Entonces, OSINFOR, una suerte de policía forestal, declaró la caducidad y la inhabilitación de casi el 60% de concesiones y aplicó multas como el caso de Sofía Ramírez, una pequeña concesionaria que tiene 10 mil hectáreas y una deuda de 300 mil soles que no la va a poder pagar jamás; por lo que estas concesiones están paralizadas, e invadidas por los cocaleros, traficantes de maderas y extractores ilegales. Lo paradójico es que el gobierno, a través de el ex ministro Castilla, condonó con esta misma ley las millonarias deudas de las multinacionales y grandes empresas, pero como Estado no pudieron hacer lo mismo con los pequeños empresarios para que sigan trabajando en su concesiones, y hoy incluso los han borrado del mapa.
- ¿Y cómo se está cubriendo la demanda de madera a nivel nacional y de exportación?
- Como el 60% de estas concesiones están paralizadas aparentemente porque hay extracción ilegal, el volumen de madera para la demanda nacional y exportación ha bajado sustancialmente. El 90% de madera que se exporta a China, Estados Unidos y México es madera ilegal, madera lavada; para completar el déficit de volumen de madera, las voraces empresas madereras se han lanzado hambrientas, como buitres, para apoderarse de las tierras comunales.
- ¿Y cómo lo hacen?
- Según los cálculos de la MINARG la titulación de una comunidad cuesta entre 15 y 20 mil dólares, ninguna comunidad tiene ese dinero, sumado a que se encuentran en lugares remotos. Citaré un ejemplo, la comunidad Nueva Esperanza ubicada en el río Yavarí-Mirín en la frontera con Colombia y Brasil, tiene 80 mil hectáreas, no tenía recursos para su titulación, que es vital para estas comunidades. Como la comunidad manifestó su interés por titularse, se apareció un tal Ludeña, quien se presentó como una persona que quería ayudarlos, les dijo, “Yo los titulo”, realizó los tramites en la SUNARP, pagó las tasas y luego que consiguió la titulación exigió a la comunidad que lo nombren apoderado; la comunidad se reunió y lo nombró apoderado general, ¿qué significa esto? que este hombre se ha convertido en dueño de la comunidad, de las riquezas forestales, de todos los bienes y de la vida de la comunidad, el que hoy paga los salarios miserables a esta gente; casos como este son comunes en toda la amazonia. Otro es el caso de la empresa de madera TRIMASA que trabaja en el Putumayo, que capturó a veinte comunidades con este mismo sistema y así bajo esta modalidad están siendo saqueadas las demás comunidades.
- ¿Y cuál es la reacción del Ministerio de Cultura y de los gobiernos regionales?
- ¡No hacen nada, o bueno, sí, son cómplices de los madereros! Sobre este asunto que es tan grave como la ley 30230, no se dice absolutamente nada y ese es el fondo del drama de las comunidades nativas. El gobierno de Humala no dice esta boca es mía, hay un doble discurso. La ley de consulta, la Ley 30230 que rompe los candados de seguridad jurídica de los territorios indígenas y este saqueo actual a 600 comunidades sin titular y otras que están por ampliación, son las causas de la mayor crisis, además del extractivismo que arrasa la amazonía con actividades auríferas, la implantación de grandes plantaciones de biocombustible de palma aceitera y otros más que constituyen una verdadera amenaza para los pueblos indígenas.
- Ante este grave situación de arrasamiento en la amazonia ¿cuál es la posición de las propias comunidades indígenas?
- A través del acuerdo del Pacto de Unidad están pidiendo la concreción de la titulación de sus tierras y territorios pero además están planteando, de acuerdo al Convenio 169, su libre determinación, ¿qué significa esto? si en algún momento se llega aplicar las normas jurídicas internacionales de libre determinación, ellos van a renunciar al estado peruano, ellos decidirán sus actos dentro del Estado.
- Suena tan natural, ¿no? un estado que los mantuvo abandonados por siglos
- Que los ha abandonado, que los castiga y que los explota. Un Estado cómplice de las empresas; ellos dicen “no nos hacen caso, abusan de nosotros, nos explota este Estado en colusión con las empresas, no nos representa.” Ellos siguen perteneciendo a la nación peruana pero por libre determinación ellos no acatarán las normas peruanas y esto puede ser un enorme problema político para este y otros gobiernos; están planteando la titulación de unos 20 millones de hectáreas, la titulación individual de las comunidades, titulaciones a naciones indígenas como la de los Candoshi que históricamente debe haber tenido 1 millón de hectáreas. Este discurso puede cambiar absolutamente la realidad política del Perú y la Amazonía.
- ¿Estamos ante una nueva rebelión?
- Otro “Baguazo” o una rebelión como la de Juan Santos Atahualpa en 1745. Yo creo que sí, en el fondo hay una concepción mesiánica y milenarista en el pensamiento indígena. Cuando los indígenas se sienten amenazados y que están al borde de la destrucción, de la ruptura, al borde de la agonía, se juntan, se unifican y empiezan una batalla de resistencia. Ocurre en todos los pueblos indígenas. Ese el pensamiento mesiánico y milenarista y, este gobierno los está empujando a ese estado de insurgencia.